Lecciones del proceso de sometimiento del ERPAC


colombia-11jul2012

Autoridades esperan la rendición voluntaria de 350 miembros del ERPAC, 22 diciembre de 2011. AFP/Guillermo Legaria

La captura de miembros y cabecillas de nuevos grupos ilegales armados se ha convertido en titular frecuente de medios colombianos. El dos de julio fue capturado alias “Mincho”, quien se perfilaba como el sucesor de alias “Comba”, máximo cabecilla del grupo Los Rastrojos. Solo un mes antes, autoridades venezolanas habían capturado a alias “Diego Rastrojos”, otro líder y fundador de los Rastrojos, a partir de inteligencia proveída por Colombia. Un éxito de la fuerza pública. La administración del Presidente Santos celebra la captura de miles de integrantes de lo que denomina “bandas criminales” en los últimos años. Sin embargo, el impacto sobre las estructuras ilegales en el terreno sigue siendo relativamente bajo. ¿Qué está pasando? El proceso de sometimiento del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC) – otro de los cinco grandes grupos que hoy dominan el país, todos emergidos tras el fin de la desmovilización paramilitar en 2006 – en diciembre del año pasado, puede dar algunas pistas.

Muchos recuerdan la entrega de unos 270 integrantes del ERPAC durante la  Navidad del año pasado, y recordarán también que pareció un proceso altamente improvisado. Al solo tener evidencia para emitir órdenes de captura de 19 integrantes, la Fiscalía tuvo que dejar salir al resto y volver a capturarlos uno por uno en los siguientes días y semanas. Las olas de irritación pública sobre el proceso pronto se calmaron. Sin embargo, este episodio ha sido solo el capítulo más visible de una historia que reveló graves deficiencias en el sistema judicial y en la política gubernamental.

Por lo que señalan las primeras condenas, hay una alta probabilidad de que no se vaya a investigar la gama completa de crímenes cometidos por los integrantes del grupo. Los cargos hasta ahora se concentran en el delito de concierto para delinquir y porte ilegal de armas, cuando son bien conocidas las graves violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario que cometen estos grupos. Para corroborar este escepticismo basta con citar solo un ejemplo: el  antiguo número dos del ERPAC, alias “Pijarbey”, acaba de salir de la cárcel después de cumplir parcialmente una condena de  cuatro años de prisión, y solo por concierto para delinquir.

Al mismo tiempo que la perspectiva de investigaciones y cargos limitados no genera incentivos efectivos en los cabecillas para colaborar con la justicia, el proceso del ERPAC y experiencias anteriores sugieren que las autoridades son reticentes en aplicar beneficios legales como el principio de oportunidad a los miembros rasos de las organizaciones, a cambio de la entrega de información relevante sobre sus superiores, operaciones del grupo y redes criminales. Esta es una oportunidad perdida para desmantelar a los grupos ya  las estructuras que están detrás de ellos.

Pero el problema va más allá del sistema judicial. Al caracterizar a grupos como el ERPAC como estructuras de crimen organizado y no como actores del conflicto, el gobierno ha dejado el proceso de sometimiento en manos de la justicia ordinaria. En otras palabras y como es sabido, los grupos no tienen acceso a beneficios del programa gubernamental de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR). Tampoco pueden ser considerados para los mecanismos de justicia transnacional. Esto tiene implicaciones graves. En primer lugar deja potencialmente a las víctimas sin los beneficios y las garantías legales que se extienden a las víctimas de las guerrillas y de los paramilitares. En segundo lugar priva a las autoridades de herramientas importantes para la prevención del rearme.

La discusión sobre el estatus de estos grupos ciertamente es compleja y una extensión generalizada de mecanismos de DDR y de justicia transicional no necesariamente justificada. Al  mismo tiempo es hora de reconocer que en Colombia es imposible trazar una línea clara entre el crimen organizado y partes del conflicto, no solamente por la heterogeneidad y la evolución constante de los nuevos grupos armados ilegales, sino también porque éstos operan en un contexto de conflicto armado.

Ante esta realidad, el gobierno debería asumir un mayor liderazgo en una política de sometimiento como pieza central de una estrategia más integral frente a estos grupos. Esta debería partir del supuesto que su desmantelamiento requiere eliminar las redes corruptas, garantizar los derechos de las víctimas y evitar el rearme, además de castigar a personas. Para eso, es importante el diseño de una oferta de beneficios básicos de reintegración, sujeta a criterios estrictos de elegibilidad. Se requiere también una interpretación extensiva de la Ley de Víctimas en favor de éstas o de la elaboración de legislación a fin de asegurar que todas las víctimas sean tratadas en igualdad de condiciones.

Más importante aún, debería asegurarse que las instituciones judiciales y policiales tengan recursos, capacidad e incentivos profesionales para  investigar y procesar a todos los crímenes, incluyendo las redes corruptas detrás de los grupos, así como generar incentivos para que los miembros rasos se sometan  y cooperen revelando información que contribuya al desmantelamiento de las organizaciones.

Avanzando en esa dirección se lograría que capturas como las de Mincho y Diego Rastrojo efectivamente contribuyan al cierre de ciclos de violencia y que futuros procesos de sometimiento tengan un futuro más prometedor.


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